Mientras la coyuntura política prevé redireccionar más recursos para las oenegés en el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), una de las oenegés más antiguas en nuestro país, que ejecuta astronómicos presupuestos con el erario público, el clan del presidente de la organización y de coordinador de proyecto anticorrupción figuran con jugosos cobros en un proyecto de reactivación económica poscovid de G. 6.093 millones.
La rendición de cuentas de un proyecto de “Reactivación económica poscovid revela la repartija de honorarios entre el clan de Agustín Carrizosa Gubetich, presidente del Centro de Información y Recursos para el desarrollo (CIRD), ONG que ejecutó los millonarios fondos que le transfirió el Estado, a través del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal). Entre los privilegiados consultores también está el hijo del mediático consultor anticorrupción Francisco Darío Alcaraz, precisamente coordinador de “Más ciudadanía, menos corrupción”, uno de los proyectos más ruidosos de esta ONG.
El proyecto de reactivación económica poscovid fue lanzado el año pasado por la entonces ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, junto con Alfredo Mongelós, secretario técnico de Sinafocal, y el presidente del CIRD.
El objetivo marcado es la “capacitación y fortalecimiento de mipymes y del Sinafocal, para promover el incremento del empleo formal y la posibilidad de que los beneficiarios puedan convertirse en profesionales”. Los primeros en asegurar el empleo y reactivar su economía fueron los miembros del clan Carrizosa-Alcaraz. Según documentos de rendiciones de cuentas presentados a la Contraloría General de la República (CGR), el monto del convenio específico transferido al CIRD fue de G. 6.093 millones. Entre los detalles de gastos figuran varios cobros de jornales de G. 4,5 millones de Paola Carrizosa Bradshaw, hija del presidente de la ONG.
Así también, se registran reiterados cobros de honorarios por “consultorías, asesorías e investigaciones” de María Berta Rojas Aveiro, pareja de Carrizosa, que solo en el proyecto poscovid facturó G. 212 millones. Se suma al clan de privilegiados con honorarios por “consultorías, asesorías e investigaciones” Marta María Rojas Aveiro, que es hermana de Berta y, por ende, cuñada del presidente del CIRD, que facturó por G. 109 millones.
El CIRD es una institución que tiene infinidad de convenios con diferentes entidades del Estado, administra proyectos sociales muy sensibles en el rubro de Salud, gestión pública, trabajo, además de reivindicar la transparencia y el combate a la corrupción con iniciativas de debate que cuestionan la discrecionalidad, el tráfico de influencias del poder político que saca provecho y privilegia a su entorno, etc.
