A pesar de las múltiples maniobras dilatorias impulsadas por el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, la justicia sigue su curso. El juez Humberto Otazú fijó para los días 4 y 7 de abril la audiencia preliminar en el caso que involucra al jefe comunal y a otras 12 personas, acusadas por el presunto desvío irregulares de fondos durante la pandemia del COVID-19.
La investigación se centra en supuestas irregularidades en la compra de kits de alimentos con fondos municipales, lo que habría generado un perjuicio al patrimonio público. A lo largo del proceso, la defensa de Prieto ha presentado diversas chicanas judiciales para dilatar la causa, pero los plazos establecidos por el magistrado confirman que el expediente avanza hacia su fase crucial.
Con la fecha de la audiencia confirmada, se espera que la justicia determine si existen elementos suficientes para elevar el caso a juicio oral y público. La ciudadanía sigue atenta al desarrollo de un proceso que pone en el ojo de la tormenta a una de las figuras políticas más controversiales de la región.
