La situación en la ruta PY07, conocida como la ex súpercarretera, se ha vuelto crítica debido al cierre prolongado provocado por un ex funcionario de Itaipú, quien intenta cobrar 980 millones de dólares a la entidad en una maniobra cuestionable. Este conflicto ha sido manejado, según denuncias, por dos figuras con experiencia en este tipo de presión: Milcíades Areco y Carlos González, quienes están a cargo de las manifestaciones que obstaculizan el libre tránsito.
La inacción de la Policía Nacional y la Fiscalía ante esta situación ha generado un gran malestar entre los usuarios de la ruta, quienes enfrentan serios inconvenientes y perjuicios debido a la obstrucción del paso. La ciudadanía exige que las autoridades actúen con rapidez y determinación contra estos dirigentes, acusados de violar la Constitución Nacional en lo que respecta al libre tránsito de las personas.
Se espera que tanto la Fiscalía como la Policía Nacional implementen medidas para restaurar el orden y garantizar el derecho de los ciudadanos a transitar sin restricciones, evitando así que estos actos de presión continúen afectando la vida diaria de la población. La falta de respuesta efectiva ante esta problemática podría acentuar la insatisfacción social y poner en riesgo la seguridad vial en la región.
