Un creciente malestar se vive entre agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), luego de la reestructuración administrativa que dispuso que todas las unidades del país pasen a depender de la Dirección de Apoyo Táctico con sede en Asunción.
Según manifestaron varios efectivos policiales, esta medida provocó una ola de solicitudes de traslado hacia otras dependencias, debido a la incertidumbre sobre posibles reubicaciones en cualquier departamento del país. Los agentes sostienen que esta situación afecta directamente su estabilidad familiar, ya que en cualquier momento podrían ser destinados a prestar servicios lejos de sus hogares.
Los uniformados afirman que la reforma policial concentró el poder de decisión en Asunción, dejando a los directores departamentales con escasa capacidad de mando sobre unidades estratégicas como Investigaciones, GEO, Antinarcóticos y Delitos Económicos. En la práctica, señalan, las jefaturas departamentales quedaron limitadas principalmente a funciones de seguridad y orden público.
Asimismo, algunos policías consultados sostienen que la centralización administrativa favoreció un sistema excesivamente burocrático y denuncian, sin presentar pruebas, supuestos cobros irregulares relacionados con traslados y designaciones de personal, situación que, según afirman, deteriora aún más la imagen institucional de la Policía Nacional.
Los efectivos también expresaron preocupación por la creciente participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. Cuestionan que el Ministerio de Defensa impulse operativos conjuntos en funciones que, a su criterio, corresponden constitucionalmente a la Policía Nacional. Además, consideran que la expansión de la Fuerza de Tarea Conjunta a distintos departamentos fronterizos no ha generado resultados visibles en la lucha contra el crimen organizado.
Finalmente, sostienen que los militares carecen de experiencia en labores investigativas y de conocimiento del terreno, por lo que consideran que la estrategia actual debe ser revisada para fortalecer el trabajo policial y evitar conflictos de competencias entre ambas instituciones.
