El presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), Carlos Liseras, informó que la institución realizó el retiro de tragamonedas clandestinos y denunció penalmente a los propietarios a fin de cumplir con disposiciones legales que prohíben estas máquinas en locales que no cumplan con los requisitos de habilitación, y anunció que seguirán realizando estos operativos.
La ley que hace poco entró en vigencia prohíbe que los tragamonedas estén en la vía pública y exige que estén ubicados en lugares cerrados, que tengan prohibido el acceso a menores de edad. Otra exigencia es que los locales que exploten el servicio paguen un canon y lo recaudado será destinado a la Diben para atender a sectores más vulnerables.
La pena para el incumplimiento de la ley es de 5 años de prisión.
Liseras afirmó que “el uso de los tragamonedas en menores de edad tiene graves daños psicológicos, porque se convierten en jugadores compulsivos y caen en los vicios de los juegos de azar clandestinos y eso trae aparejada la ludopatía, o sea, les perturba la mente a los niños”.
“Es un daño tremendo para la sociedad y un perjuicio para los municipios, para la Conjajzar y los sectores más vulnerables de nuestro país. Sean personas físicas o jurídicas los que se dedican a la explotación de juegos de azar por el camino de la ley, pagan el canon respectivo y ese dinero se invierte en la Diben, que sirve a los sectores más vulnerables del país”, insistió.
