El intendente Miguel Prieto lideró la solicitud de un préstamo bancario de G. 3.200 millones, aprobado durante la sesión ordinaria del martes pasado, marcando un hito en el compromiso de la administración con sus empleados jubilados.
Esta deuda, que se remonta a sentencias confirmadas por la Corte Suprema de Justicia en 2012 y 2018, asciende a G. 26 mil millones, acumulados por obligaciones no cumplidas entre 2001 y 2008. El acuerdo de pago, que se desplegará en un período de ocho años, tiene como objetivo final la cancelación total de esta deuda.
El concejal Pedro Acuña, del partido YoCreo, explicó que este acuerdo con la Caja de Jubilaciones es crucial para evitar la acumulación de intereses, que podría haber elevado la deuda a entre G. 31 mil millones y G. 32 mil millones. Además, destacó que este paso permitirá que los funcionarios municipales que han alcanzado la edad de jubilación puedan acceder a sus beneficios de manera oportuna.
Los antecedentes de esta deuda se remontan a las gestiones de los intendentes Juan Carlos Barreto, Alicio Peralta y Eduardo Morales, entre 1998 y 2001. A pesar de los esfuerzos anteriores, incluido un acuerdo homologado en 1999, la deuda persistió y se acumuló a lo largo de los años.
Este paso hacia la resolución de la deuda histórica representa un compromiso renovado por parte de la administración actual para abordar los desafíos heredados y garantizar el bienestar financiero de sus empleados jubilados.
