Los fiscales anticorrupción Silvio Corbeta, María Verónica Valdez y Yeimy Adle Mónges pidieron a la Corte Suprema de Justicia destrabar la causa contra Miguel Prieto y que declare inadmisible la recusación —con fines dilatorios— contra el juez Humberto Otazú, planteada por la defensa del intervenido intendente.
Piden, además, una sanción disciplinaria ejemplar contra los defensores Gilda Portillo y Guillermo Ferreiro por ejercicio abusivo del derecho. Es en el caso que investiga la compra amañada de 25 mil kits de alimentos en pandemia, conocido como el caso “Tía Chela”, con un perjuicio patrimonial de G. 1.769 millones para la comuna.
Sin poder político y con su reputación por el piso, Prieto no esconde su desesperación por su futuro inmediato y el posible abrupto fin de su corta carrera política por corrupto.
