La causa que investiga un presunto esquema de desvío de fondos destinados a ollas populares durante la pandemia en Ciudad del Este sufrió una nueva suspensión, luego de que uno de los acusados recusara al juez penal de garantías Amílcar Marecos, paralizando nuevamente el desarrollo de la audiencia preliminar.
La recusación fue presentada por la defensa de uno de los doce procesados, que argumentó una supuesta actuación arbitraria y parcialista por parte del magistrado, quien anteriormente había prohibido de oficio al acusado acercarse a la Municipalidad de Ciudad del Este. Dicha medida fue posteriormente revocada por un Tribunal de Apelación.
Tras la impugnación, el expediente fue remitido a un Tribunal de Alzada, que ahora deberá analizar y resolver la recusación planteada contra Marecos.
Durante el trámite, el juez también declaró la rebeldía de dos de los acusados, Aníbal Pérez Martínez y Adriana Paola Martínez, quienes no se presentaron a la audiencia preliminar. Ambos podrían ser detenidos si no regularizan su situación procesal ante la Justicia.
La investigación involucra al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y a otras once personas acusadas por el Ministerio Público por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a la asistencia social durante la emergencia sanitaria.
La Fiscalía solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa. Según la acusación, el perjuicio patrimonial ocasionado a la Municipalidad de Ciudad del Este superaría los G. 311 millones.
De acuerdo con los antecedentes del caso, las subcomisiones “Apoyo a Voluntarios de Ollas Populares” y “Apoyo a Voluntarios Organizados”, creadas mediante resolución municipal en junio de 2020, habrían sido utilizadas para canalizar desembolsos por un total de G. 311,58 millones sin que existieran contraprestaciones efectivas.
La investigación fiscal sostiene además que se habrían utilizado facturas de empresas que no prestaron los servicios declarados y que existían coincidencias entre los pedidos, pagos y cobros realizados, elementos que, según la acusación, evidenciarían un esquema organizado para el desvío de fondos públicos.
Además de Prieto, la acusación alcanza a Sebastián Martínez Insfrán, Francisco Arrúa, Nelson Segovia, Jorge Rivas Aponte, Juan Esteban Quiroga Cañete, Marcos Galeano Fernández, Mirta Battochi Oviedo, Luana Magdalena Silva Battochi, José Augusto Cárdenas, Aníbal Pérez Martínez y Adriana Paola Martínez.
La continuidad del proceso dependerá ahora de la decisión que adopte el Tribunal de Apelación respecto a la recusación presentada contra el juez de la causa.
