Brasil parece estar cada vez más atrapado en un callejón económico sin salida. Por un lado, la máquina pública sigue gastando y gastando, como reveló recientemente el Ministerio de Economía. Los gastos del gobierno federal aumentaron en 84.700 millones de reales (16.800 millones de dólares) en el primer semestre de 2023 en comparación con el mismo periodo de 2022. La cifra representa un aumento del 6,6% por encima de la inflación del período. Por otro lado, para cumplir con las cuentas, se está recortando el gasto social, esencial en un país con desigualdades tan fuertes como Brasil y prioridad de la campaña electoral de Lula.
Según el diario O Estado de São Paulo, las negociaciones continúan a puerta cerrada, en una total ausencia de transparencia, lo que pone de relieve cómo la discusión ha llegado realmente a un punto crítico. El texto final no se presentará en el Senado antes del 20 de octubre. Mientras tanto, las cifras de los ingresos fiscales federales son preocupantes. En agosto, cayeron por tercer mes consecutivo en comparación con el mismo mes de 2022, un comportamiento que ha hecho encender las alarmas en el Ministerio de Economía, cuyo ministro Fernando Haddad sigue declarando que Brasil reducirá el déficit a cero en 2024.
El escepticismo, sin embargo, es grande no sólo entre los economistas, sino también dentro del gobierno. Para la Ministra de Planificación, Simone Tebet, un objetivo de déficit del 0,5% del PIB (Producto Interior Bruto) sería más creíble. El mercado espera un déficit del 0,75% del PIB el año que viene, como indican los informes del Banco Central.
No faltan contradicciones evidentes que también ponen en duda la calidad del debate político. En el texto de la reforma fiscal recientemente aprobado por la Cámara de Diputados, en el llamado “impuesto sobre el pecado”, es decir, una sobretasa creada para desincentivar el consumo de productos nocivos para la salud o el medio ambiente, además de los cigarrillos, las bebidas alcohólicas y los combustibles fósiles, se han añadido también misteriosamente las bicicletas. El apartado 92B prevé la posibilidad de gravar con impuestos especiales los bienes producidos fuera de la Zona Franca de Manaos y que compitan con los producidos en dicha zona. En otras palabras: puesto que hay productores de bicicletas dentro de la Zona Franca de Manaos, todos los productores de fuera de la Zona Franca – la gran mayoría – podrían verse afectados por ese impuesto.
CAÍDA DE LA INVERSIÓN
También complicó el escenario la reciente divulgación del saldo de la IED, la Inversión Directa en el país, que registró su peor agosto desde 2020, cuando el indicador se vio afectado por la pandemia del Covid-19. El Banco Central registró una entrada neta de 4.300 millones de dólares en el mes, frente a los 10.000 millones de agosto de 2022. El descenso fue del 57,4%. La IED muestra el balance entre entradas y salidas de fondos destinados a ganancias a largo plazo, como negocios, empresas y apertura de filiales multinacionales. En resumen, Brasil parece estar perdiendo atractivo para las inversiones estructuradas y a largo plazo, pero sólo resulta atractivo en una lógica de “golpear y huir”.
En una entrevista concedida al diario O Estado de São Paulo, el economista de la Fundación Getulio Vargas Samuel Pessôa pronostica que “el país vivirá pronto momentos de tensión en el gobierno de Lula debido a la política fiscal. Por un lado, está el grupo político que quiere aumentar el gasto público, por otro el Ministerio de Economía que, por el contrario, frena”. Según el economista, “en algún momento el mercado se dará cuenta de la incoherencia. Cuando llegue ese momento habrá tensiones. El tipo de cambio se moverá un poco, los tipos de interés a largo plazo subirán aún más. Eso debería ocurrir en algún momento del primer semestre del año que viene. Y cuando eso ocurra, no sé cuál será la reacción del gobierno”. Pessôa predice que la deuda de Brasil crecerá 10 puntos hasta 2026.
En su discurso de apertura de la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU), Lula calificó la desigualdad como el mayor desafío del mundo. Pero en Brasil, como ya había hecho Bolsonaro, el presidente brasileño en los últimos meses no ha hecho más que repartir dinero sin criterio ni control sobre su uso a los parlamentarios para asegurarse el apoyo político en el Congreso. Son las llamadas enmiendas parlamentarias. Hasta ahora se han distribuido 24.200 millones de reales, unos 4.800 millones de dólares, un gasto récord que ha obligado al gobierno a recortar muchos recursos que deberían haberse destinado a programas sociales. De hecho, según la nueva regla fiscal que Brasil se ha dado a sí mismo, el llamado “Arcabouço fiscal” en portugués, el gobierno está obligado a recortar gastos cuando existe el riesgo de violar esa regla.
Este año, ante la necesidad de congelar recursos, los principales sectores afectados por los recortes del gobierno fueron el subsidio al gas, una ayuda que se da a las familias más pobres para comprar gas de cocina, y la educación primaria y superior, esenciales para empezar a reducir las enormes desigualdades sociales de Brasil. El Ministerio de Educación (MEC) bloqueó el pago de 332 millones de reales, unos 66 millones de dólares. El dinero iba a destinarse a proyectos de alfabetización, pago de becas, compra de transporte escolar e iniciativas de modernización de escuelas e instituciones educativas. El gobierno también recortó el 31,5% del gasto en políticas de lucha contra la delincuencia y seguridad, por un total de 708 millones de reales, es decir 140millones de dólares.
Los sondeos también revelan el desconcierto del país en relación con la economía. La última encuesta de Genial Quaest entre participantes en el mercado financiero de Brasil reveló que la valoración positiva del Gobierno cayó del 20% en julio al 12% en septiembre, mientras que la valoración negativa, que había bajado del 86% al 44% entre mayo y julio, aumentó al 47% en septiembre.
