El juicio oral y público contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, se reanuda este lunes 7 de septiembre a las 08:00, en una jornada considerada clave dentro del caso denominado “Tía Chela”. La Fiscalía deberá responder a los incidentes planteados por las defensas antes de que el Tribunal de Sentencia determine cuáles serán admitidos y se avance con la producción de pruebas.
El proceso está a cargo de un Tribunal integrado por las juezas especializadas en Delitos Económicos Ana Rodríguez Brozón, Karina Cáceres y Yolanda Morel.
Prieto está acusado por los supuestos hechos de lesión de confianza y asociación criminal, en una investigación que apunta a un presunto perjuicio de G. 2.949.650.000 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Durante la audiencia anterior, el fiscal Silvio Corbeta presentó cuatro planteamientos relacionados con la incorporación de elementos probatorios. Entre ellos, solicitó incorporar información sobre el cambio de marcas de los productos destinados a los kits de alimentos y pidió convocar como testigo al director de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina.
El Ministerio Público también requirió informes a la Contraloría General de la República y a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), con el objetivo de determinar si existieron comunicaciones relacionadas con el cambio de marcas y verificar la trazabilidad de las facturas y mercaderías involucradas.
Por su parte, una de las defensas planteó la suspensión del juicio argumentando que no tuvo acceso a toda la investigación. El Tribunal rechazó el pedido y aplicó una sanción disciplinaria al abogado Martín Prieto, representante de Julián Benítez Gamarra, uno de los 10 acusados en la causa.
PRIETO ENFRENTA OTRAS DOS CAUSAS
El caso “Tía Chela” no es el único proceso judicial que podría llevar nuevamente a Miguel Prieto a juicio oral. En agosto pasado, la Fiscalía ratificó su acusación en el caso denominado “Tajy”, donde se investiga un supuesto perjuicio de G. 306.188.500.
De acuerdo con la acusación, el monto habría sido pagado en 2020 a una empresa proveedora por mercaderías que finalmente no fueron entregadas. El juez Humberto Otazú resolvió elevar esta causa a juicio oral y público.
A este proceso se suma una tercera acusación presentada recientemente por el Ministerio Público contra Prieto y otras dos personas, por un presunto perjuicio de G. 757 millones, relacionado con pagos por obras que, según la investigación, no se habrían ejecutado y que estaban vinculadas al Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este.
En esta última causa también están acusados Sebastián Martínez Insfrán y Valeria Romero, ambos como presuntos cómplices de lesión de confianza. Según los antecedentes del proceso, siete de los 11 imputados ya habrían admitido los hechos investigados.
Ahora, la Justicia deberá fijar la audiencia preliminar de este tercer expediente. En esa instancia se determinará si existen elementos suficientes para elevar también la causa a juicio oral y público.
De concretarse esta posibilidad, Miguel Prieto podría enfrentar tres juicios orales derivados de investigaciones diferentes.
