ASUNCIÓN. El Senado instaló oficialmente la Comisión Especial de Investigación que tendrá la misión de indagar la emisión, comercialización y utilización de títulos universitarios presuntamente falsos o irregulares en el país. El organismo estará presidido por Patrick Kemper, mientras que la vicepresidencia quedó a cargo de Esperanza Martínez.
Durante su primera reunión, los integrantes de la comisión anunciaron la habilitación de canales digitales para recibir denuncias ciudadanas, una herramienta que consideran fundamental para el desarrollo de las investigaciones que se extenderán inicialmente por seis meses.
La comisión, de carácter transitorio, está integrada por nueve legisladores de diferentes bancadas y tendrá como objetivo analizar posibles irregularidades relacionadas con la expedición de diplomas, títulos y certificaciones de educación superior.
Kemper destacó que la participación ciudadana será clave para el éxito de las indagaciones, por lo que en los próximos días se darán a conocer una plataforma virtual y mecanismos específicos para que cualquier persona pueda presentar denuncias de manera segura y confidencial.
Como parte de su hoja de ruta, el equipo parlamentario prevé convocar a autoridades del sector educativo para recabar información, contrastar datos y evaluar los sistemas de control actualmente vigentes. Entre las primeras instituciones que serán llamadas figuran el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) y el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).
Los legisladores contarán con un plazo inicial de seis meses para desarrollar las investigaciones y elaborar un informe final, aunque no se descarta una eventual prórroga en caso de que la complejidad de los hallazgos así lo requiera.
Según adelantó Kemper, el documento final no solo expondrá las irregularidades detectadas, sino que también incluirá recomendaciones y posibles propuestas de reformas legislativas orientadas a fortalecer los mecanismos de control y prevenir fraudes vinculados a la compraventa de títulos universitarios.
La creación de esta comisión surge en medio de cuestionamientos sobre la autenticidad de credenciales académicas y busca aportar mayor transparencia y confianza al sistema de educación superior del país.
