La Triple Frontera que comparten Argentina, Paraguay y Brasil sigue siendo uno de los principales centros de economía ilícita en Latinoamérica, escenario además de preocupantes vínculos con redes terroristas, en especial con el grupo libanés Hezbolá. Así lo advirtió Emanuele Ottolenghi, experto internacional en terrorismo y asesor de la plataforma de riesgo 240 Analytics, en una entrevista reciente.
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha traído un renovado interés de Estados Unidos en la región para intensificar la investigación y la acción penal contra las redes que operan el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en esta estratégica zona fronteriza. El gobierno norteamericano incluso ofrece una recompensa de 10 millones de dólares a quienes proporcionen información veraz sobre las actividades del Hezbolá en la Triple Frontera.
Ottolenghi señala que la Triple Frontera no solo es un nodo logístico y comercial fundamental para el comercio regional, con su infraestructura de aeropuertos internacionales, zonas de libre comercio y alto movimiento económico, sino que también es un terreno fértil para el blanqueo de capitales generados por actividades ilegales como el tráfico de drogas y contrabando de cigarrillos.
En medio de esta dinámica opera una comunidad libanesa chiita con fuertes vínculos familiares e ideológicos con el grupo terrorista Hezbolá, que se apoya en una red de colaboradores locales —desde funcionarios públicos corruptos hasta empresarios— para lavar dinero. «No son muchos los que actúan por ideología; la mayoría lo hace por dinero», subraya el experto.
Este sistema de lavado de dinero se basa en el comercio legal como fachada: la compra y venta de productos de consumo (electrónicos, ropa, alcohol, cigarrillos electrónicos) sirve para justificar movimientos financieros que en realidad son circuitos para blanquear capitales ilícitos. La complejidad del entramado dificulta la investigación y persecución penal.
La estrategia estadounidense de ofrecer recompensas para quienes delaten a miembros o colaboradores de estas redes busca incentivar que tanto la población como sectores del empresariado y funcionarios locales colaboren con información valiosa, que muchas veces no llega por canales oficiales.
“Durante casi diez años de estudio de la zona, aprendí que la información es la moneda más valiosa en la Triple Frontera”, afirmó Ottolenghi. Sin embargo, advierte que el gobierno estadounidense verificará rigurosamente la autenticidad de los datos antes de entregar cualquier recompensa, evitando así el pago por información falsa o sin valor.
Este enfoque no sustituye la cooperación con los servicios de inteligencia de Argentina, Paraguay y Brasil, sino que la complementa, apuntando a desarrollar nuevas fuentes de información independientes que fortalezcan las investigaciones.
El experto también alertó sobre la facilidad que tienen ciudadanos de países islámicos, entre ellos libaneses, para obtener documentos de residencia o ciudadanía en la región, en algunos casos facilitados por funcionarios locales. Esto, a su juicio, podría favorecer el ingreso y la circulación de personas vinculadas a organizaciones terroristas. Mencionó además un fenómeno similar ocurrido en Venezuela, donde el régimen de Nicolás Maduro entregó miles de pasaportes de manera irregular a ciudadanos de países como Irán, Irak, Líbano y Siria, un modus operandi que podría replicarse y profundizar los riesgos en la Triple Frontera.
