Este proceso penal, conocido como el caso de la filtración de información confidencial (de manera tergiversada y maliciosa), incluye siete hechos punibles, entre ellos revelación de secretos de servicio, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
Según informó el periodista Alto Ynsfrán en el canal GEN, la investigación avanzó con la incautación de datos clave tras la autorización de una jueza penal, lo que permitió a los fiscales fundamentar las imputaciones. No obstante, las diligencias enfrentaron obstáculos, incluyendo numerosas chicanas legales presentadas por los abogados de los imputados.
La Fiscalía debe presentar en marzo el requerimiento conclusivo, optando entre la acusación formal o el sobreseimiento provisional, dependiendo de los elementos recabados. Pese a los retrasos, las autoridades aseguran contar con pruebas suficientes para sustentar un juicio oral y público.
ANTECEDENTES
En fecha 31 de julio de 2023, Horacio Manuel Cartes Jara, bajo patrocinio del Abg. Pedro Ovelar Valenzuela presentó denuncia, entre otros hechos, por supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Seprelad, incursando las conductas en los hechos punibles de denuncia falsa, simulación de hechos punibles, persecución de inocentes, asociación criminal y usurpación de funciones públicas.
Más adelante, el 30 de agosto del 2023, Cartes, Jara bajo patrocinio del Abg. Pedro Ovelar Valenzuela amplió la anterior denuncia, específicamente con respecto a la filtración de información confidencial relacionada a un pedido de cooperación por parte de la Fiscalía de la República de Panamá, subsumiendo la conducta en el hecho punible de revelación de secretos de servicio.
Por último, en fecha 30 de octubre del 2023, se volvió a ampliar la denuncia, en esta ocasión con relación a una nueva filtración de documentos de la Seprelad a través de una página web denominada Ddos (Distributed Denial of Secrets).
El 11 de marzo de 2024, los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti imputaron a Mario Abdo Benítez, expresidente de la República; Carlos Adolfo Arregui Romero, Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez, René Milciades Fernández Bobadilla, Carmen María Pereira Bogado, Daniel Alberto Farías Kronawetter, Guillermo Preda Galeano, Francisco Pereira Cohene y Mauricio Fabián Espínola Núñez.
De acuerdo con la imputación, existe la existencia de los hechos punibles de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a cometer un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
Según la Fiscalía, durante parte de su período de gobierno, el expresidente Mario Abdo Benítez (2021 al 2022) se habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y principalmente electoral.
Para llevar adelante este objetivo, el expresidente habría compuesto su gabinete de ministros con personas de experiencia en el ámbito investigativo (exagentes fiscales del Ministerio Público), entre ellos, específicamente Carlos Arregui Romero (Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes – SEPRELAD), Arnaldo Giuzzio Benítez (Ministerio del Interior) y René Fernández Bobadilla (Secretaría Nacional Anticorrupción – SENAC).