La Universidad Privada Leonardo Da Vinci, vuelve a quedar en el centro de la polémica, esta vez rodeada de denuncias por presunta venta de títulos falsos, beneficios académicos engañosos y trato discriminatorio hacia estudiantes paraguayos, lo que profundiza los cuestionamientos sobre su gestión institucional.
En el ámbito local, estudiantes de la carrera de Medicina denunciaron que la universidad retiró de manera unilateral y sin previo aviso becas e incentivos por rendimiento académico, afectando a unos 35 alumnos de distintos años. El beneficio consistía en el pago del 50% del costo de las cuotas, además de otros estímulos académicos que habrían sido prometidos por la institución.
Los estudiantes manifestaron su indignación por lo que consideran un trato desigual, asegurando que mientras a los alumnos paraguayos se les recortaron los beneficios, estudiantes de nacionalidad brasileña continuarían accediendo a condiciones preferenciales. Ante esta situación, los jóvenes iniciaron medidas de fuerza y exigieron explicaciones formales y el cumplimiento de lo acordado.
El escándalo se agrava al contrastarse con la campaña de promoción que actualmente desarrolla la misma universidad en Hernandarias, donde anunció la apertura de una nueva sede y ofrece múltiples beneficios, becas y descuentos dirigidos a estudiantes paraguayos, como estrategia de captación, mientras en Salto del Guairá se recortan derechos a alumnos ya matriculados.
A este escenario se suma una denuncia penal presentada contra la Universidad Privada Leonardo Da Vinci y sus directivos, junto al exdiputado Orlando Arévalo, por un presunto esquema de venta y expedición de títulos falsos de abogado, causa que incluye la producción y uso de documentos públicos no auténticos. Según los denunciantes, el supuesto título habría sido utilizado incluso para ejercer funciones públicas de alto nivel, lo que elevó la gravedad institucional del caso.
La universidad, señalada además como el brazo educativo de un grupo empresarial con antecedentes de conflictos tanto en Paraguay como en Brasil, es blanco recurrente de cuestionamientos por manejos poco transparentes, así como por el incumplimiento de acuerdos y convenios firmados con entes públicos, como la Municipalidad de Salto del Guairá y la Gobernación de Canindeyú.
Mientras se acumulan las denuncias y crece el malestar estudiantil, aumentan los reclamos para que las autoridades educativas y judiciales intervengan de forma urgente, a fin de esclarecer las irregularidades y garantizar los derechos de los estudiantes paraguayos.
