Una docente jubilada, que fue víctima del esquema de estafa conocida como la mafia de los pagarés, detalló que hasta el momento no accedió a los documentos por los que fue demandada y obligada a pagar G. 800.000 mensual por deudas que ya había cancelado.
Sonia es el nombre ficticio de una maestra jubilada que fue víctima de la mafia de los pagarés. Ella reveló los detalles del funcionamiento del esquema que ya dejó varias víctimas en todo el país.
En comunicación con radio Monumental, explicó que cuando ejercía la docencia, realizó varias compras con descuentos que otorgaba el Ministerio de Educación, cuyas cuotas las pagó en su totalidad; sin embargo, nunca retiró el finiquito.
Ese documento que no retiró fue vendido a empresas de cobros de créditos que le iniciaron un juicio, el cual derivó en el embargo de su sueldo y actualmente le descuentan G. 800.000, sin mostrarle un documento. “Nunca me mostraron el documento original por el que me están descontando el dinero”, expresó.
La mujer aseguró que antes de jubilarse, se aseguró de cancelar todas sus deudas, por lo que no se explica cómo accedieron a los pagarés.
Según las investigaciones, la demanda contra Sonia fue impulsada por la abogada Zully Ortiz García, representante de la firma Vanessa y Asociados, cuyo estudio jurídico fue allanado el miércoles por parte del fiscal Irán Suárez.
La abogada Noelia Núñez, quien representa a un grupo de víctimas, resaltó que este allanamiento es un paso clave en la investigación y que los documentos retenidos pueden ser pruebas contundentes para futuras imputaciones.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha logrado unificar todas las causas en una misma unidad, pese a que la Fiscalía General del Estado (FGE) haya designado a un equipo de agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción para llevar adelante las investigaciones del caso que afecta a miles de personas.
