El Gobierno apuraba la adjudicación de obras, mayormente viales, que no tenía cómo pagar. Muchas de las adjudicadas eran clientes de las empresas del expresidente.
Más de USD 100 millones es la deuda dejada solo en concepto de intereses por la administración de Arnoldo Wiens al frente del MOPC. Esto se desprende de una fiscalización realizada por la Contraloría General de la República (CGR).
El informe del ente de control enumera numerosas irregularidades como obras adjudicadas sin tener los fondos para pagarlas, deudas millonarias que no se registraron y los intereses moratorios generados por los mecanismos utilizados para disfrazar la falta de dinero para los pagos.
El reporte forma parte del informe y dictamen entregado por el contralor Camilo Benítez Aldana la semana pasada al Congreso. Ya en esa oportunidad, el alto funcionario explicó que se realizaron 1.674 actividades de control y alertó que se había detectado un “desorden contable” en las instituciones públicas.
MILLONARIOS INTERESES
De acuerdo con las observaciones de la CGR, la secretaría estatal no registró en su pasivo institucional la totalidad de los compromisos financieros con firmas contratistas del Estado, al 31 de agosto de 2023.
En total, la institución no registró que debía más de G. 2,4 billones, alrededor de USD 336 millones. Como si esa situación aún no fuera lo suficientemente grave, el MOPC autorizó pagos a través de cesiones de derecho de cobro.
Con esto, la deuda de la cartera pasó a unos USD 460 millones. Es decir, el incremento fue unos USD 100 millones como consecuencia de la inclusión de los intereses. No conformes con esto, la entidad autorizó los compromisos financieros sin que los mismos fueran registrados contablemente en el pasivo institucional.
“Dicha situación significó una distorsión de la realidad de los estados financieros de la cartera ministerial, dificultando la exposición veraz de la situación contable, económica y patrimonial del ente ministerial”, señala el documento.
La cesión de derechos de cobro es una práctica comúnmente regulada para pagos de certificados de obras con fuente de financiamiento local. Sin embargo, en este caso, el MOPC extendió esta práctica a certificados financiados con fuentes externas sin una normativa específica que lo permitiera.
De acuerdo con la CGR, este proceder, carente de una base legal clara, violó el principio de legalidad fundamental en el derecho administrativo, el cual establece que cualquier acción administrativa debe estar expresamente autorizada para ser considerada regular y válida.
Además, la cesión de derechos es utilizada en casos de extrema particularidad, atendiendo a que la misma genera intereses al ser utilizado el sistema bancario. Sin embargo, la cartera estatal recurrió a esta herramienta para seguir entregando obras pese a que no contaba con los fondos necesarios.
OMITIERON HASTA INTERESES MORATORIOS
El informe revela que se descubrieron todavía más omisiones significativas en los registros financieros de la institución.
Por ejemplo, entre 2015 y 2022, el MOPC no contabilizó en su pasivo institucional los compromisos financieros correspondientes a intereses moratorios por un valor de más G. 1.219 millones. Esta falta de registro, que afecta gravemente la precisión de la situación financiera del ministerio, se desprende del Dictamen DGAJ n.° 348/2024 de la CGR.
El concepto de “Intereses Moratorios”, parte de la deuda de varias Unidades Ejecutoras de Contratos del MOPC, ha generado múltiples solicitudes de pago.
Estas solicitudes provienen de certificados de obras y convenios modificatorios que ya fueron abonados en años anteriores, pero cuyos intereses por demora no se reflejaron en el pasivo institucional. Este descubrimiento apunta a una práctica prolongada de omisiones contables que distorsionan la verdadera situación financiera del MOPC.
El dictamen de la CGR destaca que la falta de registro de estos intereses moratorios no solo afecta la transparencia contable, sino que también implica que la información financiera presentada por el MOPC durante muchos años no ha sido precisa. El documento indica que, hasta el momento, no se ha pagado ningún certificado de interés moratorio de las obras auditadas, lo que sugiere un incremento de la deuda debido al tiempo de mora. Esta situación subraya la necesidad urgente de abordar las deficiencias en la gestión contable del MOPC.
El llamativo actuar del MOPC se dio en la misma época en la que la cartera de Estado licitaba miles y miles de kilómetros en obras viales. Muchas de estas obras terminaron en manos de contratistas que a su vez eran clientes de las empresas del expresidente Abdo.
La llegada al poder de Abdo Benítez fue acompañada del crecimiento millonario de sus empresas. Por ejemplo, en 2013 Aldia SA declaró utilidades por G. 1.814 millones. Al año siguiente, en 2014, las ganancias bajaron a “apenas” G. 1.492 millones.
En 2017, esta empresa declaró utilidades o ganancias para distribuir por unos G. 6.665 millones. A partir de 2018, la cuestión empezó a subir de forma exponencial. Abdo asumió como presidente en agosto de 2018. Ese año, Aldia SA declaró ingresos brutos por unos G. 96.657 millones y utilidades por G. 8.287 millones. El incremento con el año anterior fue del 24 %.
El primer gran salto se dio en 2019. Ese año, la empresa del entonces mandatario declaró ingresos brutos por G. 199.985 millones y sus utilidades fueron de G. 22.812 millones. El crecimiento con respecto al 2018 fue de 175 %. Lo cual significa que casi triplicó las ganancias en apenas un año.
En 2020, año de la llegada de la pandemia de coronavirus y con ella la pérdida de miles de empleos en Paraguay; sin embargo, a la empresa de Abdo le fue demasiado bien y declaró ingresos brutos por G. 300.383 millones y alcanzó utilidades por G. 51.521 millones, representando un incremento del 126 % con respecto al 2019.
El 2021 fue el mejor año para esta firma del exmandatario. Entonces declaró ingresos brutos por G. 408.082 millones y ganancias por valor de G. 92.647 millones, un incremento del 80 % anual. Si tomamos en cuenta solo el 2014 y el 2021, el crecimiento de las utilidades fue de 6.109 %. Es decir, durante el mandato de Abdo su empresa incrementó más de 61 veces sus ganancias.
