Una vivienda alquilada en el barrio Palomar de Lambaré fue allanada ayer por orden fiscal, tras el hallazgo de cientos de pagarés, contratos, recibos y otros documentos que podrían estar vinculados a un esquema de estafas y falsificaciones. El procedimiento fue encabezado por la fiscala interina Amelia Bernal, mientras que la titular de la causa es Samara Lesme.
De acuerdo con los primeros datos, la dueña de la propiedad, Patricia Trinidad Ayala, descubrió los documentos tras recuperar la casa que había sido alquilada. Entre los papeles se encontraron pagarés con y sin fecha, facturas, currículums y contratos, pertenecientes a distintas empresas, en su mayoría dedicadas a la venta de electrodomésticos y concesión de préstamos.
“Habría que verificar si esos pagarés fueron judicializados o si existen procesos en curso. La fiscala titular hará las averiguaciones correspondientes”, indicó Bernal.
Sospechas de un esquema mayor
La propietaria denunció que hace seis meses, en otra de sus viviendas arrendadas, ya se habían hallado más de 300 cheques, los cuales fueron entregados a la Fiscalía de Delitos Económicos. Sin embargo, hasta el momento no hubo avances significativos en la investigación.
Según la abogada Viveca Varela, los inquilinos de las tres propiedades de la mujer —ubicadas en Capiatá, Villa Elisa y Lambaré— formarían parte de un mismo grupo, presuntamente vinculado a una organización delictiva dedicada a la estafa inmobiliaria.
Entre los principales señalados figuran Carlos María Valinotti Araújo y José Enrique Espínola, quienes ya fueron investigados en el marco del Operativo Scam Network, desarrollado en 2024, por supuestamente integrar una estructura criminal que habría causado perjuicios por más de G. 80.000 millones mediante la falsificación de documentos y creación de empresas ficticias.
También fueron denunciados Mario Jesús Peña, Julio Gustavo Caballero, Luis Carlos Chamorro, Julia Elizabeth Yegros, entre otros.
Intento de venta fraudulenta
La abogada de la propietaria relató que hace un año y medio los inquilinos intentaron vender una de las viviendas de manera fraudulenta, sin autorización ni firma de la verdadera dueña. “Esta gente empezó a querer vender la propiedad de mi clienta, pero ella nunca firmó nada. Hicimos la denuncia, pero la causa no avanzó”, expresó Varela.
Empresas niegan vinculación con red delictiva
Durante el operativo, se presentó el abogado José Gómez, representante de las empresas Punto Hogar S.A., Activex S.A. y Utopía S.A., quien negó que los documentos incautados formen parte de una mafia de pagarés.
“Esta documentación pertenece a las empresas y fue llevada allí por un funcionario de confianza que alquilaba la casa. En el momento de una mudanza no había dónde resguardar los papeles y debió retirarse de forma apresurada”, explicó el letrado.
La Fiscalía continúa con el análisis de los documentos y las pesquisas para determinar si estos guardan relación con causas abiertas por usura, estafa y asociación criminal.
