La Corte Suprema de Justicia resolvió destrabar la causa penal contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza y asociación criminal, tras un año de dilaciones procesales impulsadas por su defensa.
En entrevista con Universo 970/Nación Media, el fiscal Silvio Corbeta explicó que la investigación estuvo prácticamente paralizada por una serie de “chicanas sistemáticas” que incluyeron recusaciones, apelaciones cruzadas y acciones de inconstitucionalidad.
“Lo primero que se hizo fue evitar la aplicación de medidas cautelares. Cuando acusamos en julio del 2024, inmediatamente presentaron acciones inconstitucionales y múltiples recusaciones, con el único fin de dilatar. Eso responde a una industria de la chicanería que hoy la Corte ya considera como mala fe procesal”, afirmó.
El representante del Ministerio Público señaló que la defensa intentó reiteradamente llevar el caso fuera de la competencia natural de los juzgados especializados en delitos económicos, buscando que el proceso sea radicado en Ciudad del Este.
La causa, conocida como “Tía Chela”, involucra a 12 procesados y se centra en presuntas irregularidades en licitaciones. Según Corbeta, los dictámenes de la Contraloría General y de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), además de informes de la DNIT, evidencian inconsistencias en facturas y posible perjuicio patrimonial.
El fiscal remarcó que no se trata de un proceso con sesgo político. “Se ha querido instalar la idea de persecución judicial, pero los documentos que sustentan la acusación provienen de administraciones anteriores, incluso antes de que yo interviniera en la causa”.
Tras la resolución de la Corte, el expediente queda habilitado para continuar con la audiencia preliminar, paso clave antes de que el caso vaya a juicio oral.
EL CASO
En marzo del 2020, mes de inicio de la pandemia en Paraguay, el intendente esteño, Miguel Prieto, llamó a una licitación por la vía de la excepción para la compra de 25.000 kits de alimentos por un valor de G. 1.770 millones de guaraníes.
La adjudicación fue para la dudosa empresa Tía Chela SRL, que, pese a no contar con la infraestructura ni la experiencia ni la capacidad de producción para ofertar alimentos por 3.000 millones de guaraníes, fue la elegida.
Prieto realizó dos desembolsos, el primero, en marzo por G. 1.770 millones por 15.000 kits. El segundo, en abril, por 10.000 kits. Sin embargo, según consigna la investigación fiscal, esos 25.000 kits no fueron entregados.
Los funcionarios de Prieto habrían simulado, según la Fiscalía, las operaciones ficticias al fungir de subproveedora de la empresa Tía Chela y emitir facturas por cerca de 700 millones de guaraníes para justificar compras que no fueron realizadas.
De acuerdo con la acusación, el esquema fraudulento implicaba a Vanemi SA y otros cuatro subproveedores también ficticios, mediante la emisión de facturas falsas.
