La reciente intención de trasladar el Departamento de Identificaciones a otra institución ajena a la Policía Nacional ha generado preocupación en diversos sectores. La falta de conocimiento sobre el funcionamiento de esta entidad, por parte de algunos legisladores, podría derivar en una decisión que comprometa la seguridad nacional y la eficiencia en la gestión de documentos de identidad.
Un precedente fallido
No es la primera vez que una reforma de este tipo pone en riesgo la operatividad del sistema. La separación de Migraciones (MIGECI) de la Policía Nacional resultó en una dirección ineficaz, sin respaldo institucional adecuado y sin acceso al historial de entrada y salida de extranjeros. Hoy, se teme que la posible migración del Departamento de Identificaciones genere un problema similar, exponiendo datos sensibles y debilitando el control de seguridad.
Riesgos de trasladar Identificaciones
1. Seguridad nacional en juego
El Departamento de Identificaciones maneja información clave sobre ciudadanos y extranjeros. Sacarlo de la Policía Nacional podría aumentar el riesgo de filtraciones y fraudes, debilitando el control sobre antecedentes y la emisión de documentos.
2. Desconocimiento del proceso
Legisladores que impulsan esta idea parecen ignorar la complejidad de la identificación de personas y la coordinación con organismos de seguridad nacionales e internacionales.
3. Impacto en la eficiencia
La Policía Nacional cuenta con la infraestructura y el personal capacitado para esta tarea. Un cambio implicaría costosos procesos de reestructuración y capacitación, con el riesgo de afectar la rapidez y precisión del servicio.
4. El peligro de los «Lalochaps»
La posibilidad de que datos personales sean mal manejados o utilizados con fines ilícitos, como sucedió en el escándalo de «Lalochap», es una preocupación real si se fragmenta el control de identificaciones.
Un sistema que funciona no debe tocarse
El Departamento de Identificaciones ha operado por años dentro de la Policía Nacional con un marco legal que respalda su labor. Cualquier intento de removerlo de esta institución debe ser analizado con seriedad, pues los antecedentes demuestran que cambios apresurados pueden debilitar el sistema de seguridad del país.
Modificar estructuras críticas sin estudios adecuados puede derivar en un caos administrativo, mayores costos y un retroceso en la seguridad. La identificación de ciudadanos no es un tema político ni administrativo, sino una cuestión de Estado que debe garantizar control, legalidad y eficiencia.
