Para el contralor general, Camilo Benítez, este crecimiento exponencial de las ganancias de las empresas del exmandatario es muy llamativo. Señaló que, además de ser una “inmoralidad gravísima”, habrá que ver si la investigación de la Fiscalía y de la DNIT hallan elementos por el que haya incurrido en hechos punibles.
En entrevista con el programa “Fuego Cruzado”, emitido por Canal GEN/Nación Media, Camilo Benítez señaló que, a pesar de que la monopolización de las licitaciones por parte de las empresas Aldia S. A. y Createc S. A., de las cuales Abdo Benítez es accionista mayoritario, no necesariamente constituye una ilegalidad inmediata, sí genera serias sospechas.
El contralor argumentó que, aunque el exmandatario no fue el único responsable del presupuesto público, el elevado crecimiento patrimonial de sus empresas durante su gobierno, particularmente en el contexto de una crisis sanitaria y económica, merece una revisión detallada. Mencionó que la principal política de Abdo Benítez fue la construcción de asfaltos, y durante la pandemia, sus empresas vieron duplicadas sus ganancias, lo cual plantea interrogantes sobre la legalidad de dicha expansión.
El contralor también hizo eco de una denuncia reciente de la empresaria Silvia Niederberger, quien reveló un supuesto modus operandi en el que los contratos de adjudicación en el Ministerio de Obras Públicas venían acompañados de una obligación tácita de adquirir asfalto de las empresas de Abdo Benítez.
Además, enfatizó la necesidad de una fiscalización rigurosa por parte de la DNIT para determinar si las empresas del expresidente cometieron evasión fiscal. Indicó que cualquier discrepancia entre la importación y venta de asfalto podría ocultar posibles delitos de lavado de dinero.
Según el análisis preliminar de las declaraciones juradas de Abdo Benítez, que revela una posible evasión fiscal de aproximadamente USD 45 millones, es crucial que los organismos de control actúen con la mayor transparencia y exhaustividad.
Benítez concluyó que la situación no puede ser tratada con ligereza y que las autoridades deben asegurar que todas las irregularidades sean debidamente investigadas.
