El Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional en Alto Paraná, bajo el mando del Crio. Wilfrido Javier Maldonado Larrosa, sigue sumido en el escándalo. Mientras se acumulan denuncias gravísimas de secuestros, extorsiones y amenazas de muerte, el comisario principal continúa en el cargo, amparado por una fuerte protección desde Asunción, generando indignación entre uniformados honestos, abogados litigantes y la ciudadanía de Ciudad del Este.
En los últimos días, los fiscales de Ciudad del Este Alcides Giménez y Zunilda Ocampos abrieron investigaciones simultáneas sobre dos nuevos casos de extorsión que involucran directamente a efectivos de la oficina central de Investigaciones de Alto Paraná.
En uno de los hechos, agentes habrían secuestrado al ciudadano brasileño Daniel Pereira Gomes, a quien obligaron a transferir su camioneta Hyundai Tucson bajo amenazas de muerte, tras ser interceptado en plena vía pública cuando regresaba de Santa Rita hacia Brasil. Los policías lo llevaron primero a la base de Investigaciones, luego a su domicilio en Brasil, donde redujeron a su familia, y finalmente lo forzaron a firmar un contrato de compraventa irregular en Ciudad del Este.
El segundo caso involucra al paraguayo Fabio Junior Troche Zarza, quien también fue secuestrado por cinco agentes, obligado a vender su camioneta y entregar aproximadamente 210 millones de guaraníes, bajo amenazas de represalias contra su familia si no entregaba otros 200 millones de guaraníes adicionales.
A estos graves hechos se suman otros antecedentes recientes:
1️⃣ Constante imputación de efectivos por extorsión y secuestro: varios agentes bajo su mando ya fueron formalmente procesados por la justicia.
2️⃣ Existencia de una presunta red mafiosa dentro de la propia Policía de Investigaciones: agentes que, según denuncias internas, cobrarían “cuotas” a grupos delictivos a cambio de protección y libertad de acción.
3️⃣ Uniformados honestos indignados: integrantes de la propia institución revelan el nivel de descomposición y protección política, afirmando que los policías bandidos siguen operando debido a su capacidad de recaudación.
Pese a la gravedad de los hechos, el comisario Wilfrido Maldonado Larrosa sigue en funciones, mientras los informes que llegan al Ministerio del Interior, según denuncias, serían deliberadamente maquillados para encubrir la crisis.
Ante la gravedad institucional, crecen los reclamos para que el presidente Santiago Peña ordene una intervención directa, promueva un urgente traslado masivo de personal y envíe efectivos realmente honestos a la zona, para sanear la seguridad ciudadana y restaurar la credibilidad de la Policía Nacional.
