La agente fiscal Zunilda Ocampos Marín, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra la Libertad de las Personas (Antisecuestro y Antiterrorismo), presentó acusación formal contra cinco agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional y una abogada, por los hechos punibles de privación de libertad y extorsión agravada, tipificados en los artículos 124 (inciso 2) y 186 del Código Penal. Los policías fueron acusados como autores y la profesional del derecho como cómplice.
El caso: interceptación, retención y exigencia de USD 50.000
De acuerdo con la investigación fiscal, el hecho ocurrió el 3 de junio de 2025, alrededor de las 12:40, sobre la Avenida Monday, en Presidente Franco. Dos hombres y la hija adolescente de uno de ellos circulaban en una camioneta particular cuando fueron interceptados por los cinco agentes, quienes actuaron a cara descubierta, armados y acreditándose como integrantes del Departamento de Investigaciones.
Los policías acusados son:
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Oficial Derlis Ariel Chávez Giménez (33)
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Suboficial Silvio Javier Rojas Vera (42)
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Suboficial mayor Celiano Antonio Zayas Benítez (43)
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Suboficial mayor Ángel Gabriel Resquín Vera (41)
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Suboficial Denis Evaristo Miltos Rojas (28)
Todos prestaban servicios en el Departamento de Investigaciones sede Ciudad del Este.
Uno de los hombres fue obligado a descender y subir por la fuerza a la camioneta policial, mientras otros agentes se apoderaban del vehículo de las víctimas y les incautaban sus teléfonos celulares. Posteriormente, los tres afectados fueron trasladados a la sede de Investigaciones, donde permanecieron retenidos durante cuatro horas en un quincho con blindex.
Según la acusación, durante el trayecto y la retención, los agentes exigieron USD 50.000 para liberarlos, bajo amenazas de realizar allanamientos a sus propiedades y de afectar a sus familiares. Para presionar, mostraron fotografías de sus inmuebles y mencionaron supuestas investigaciones por crimen organizado y lavado de dinero.
Intervención de la abogada y entrega de USD 30.000
A los afectados se les permitió comunicarse con la abogada Blanca Gauto Fernández, quien llegó hasta el lugar. Según la Fiscalía, la profesional conversó a solas con uno de los agentes y luego comunicó a las víctimas que debían pagar el monto exigido.
Finalmente, se acordó un pago inicial de USD 30.000 y un saldo de USD 20.000 a cancelar en un mes. Con la asistencia de la abogada, los afectados retiraron dinero de varias entidades bancarias y entregaron el monto pactado a los agentes.
Tras la entrega, fueron liberados alrededor de las 16:40, frente al Departamento de Identificaciones, no sin antes ser advertidos sobre el cumplimiento del restante del dinero.
Causa elevada a juicio oral
La denuncia activó de inmediato la intervención del Ministerio Público. La fiscal Ocampos ordenó la detención de los supuestos responsables y posteriormente presentó la acusación formal.
La investigación se sustenta en:
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Actas de denuncia
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Informes policiales
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Registros bancarios
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Videos de cámaras de seguridad
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Legajos laborales
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Declaraciones de víctimas y testigos
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Análisis técnico de comunicaciones entre los involucrados
Con base en estos elementos, la fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías, a cargo de la magistrada Carina Frutos Recalde, la elevación del caso a juicio oral y público, además del mantenimiento de las medidas cautelares vigentes ante la gravedad del hecho y la alta expectativa de pena.
La causa continúa su curso judicial en Presidente Franco.
