Asunción – En una extensa declaración testifical ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, el empresario Enrique Ignacio Vázquez García, representante legal del Consorcio Ñande Ypoty, expuso con detalles presuntas prácticas sistemáticas de corrupción, coacción y violencia ocurridas en el proceso de adjudicación y ejecución de la obra Costanera Ñande Renda – Km 8 Acaray, contratada por la Municipalidad de Ciudad del Este.
La audiencia se desarrolló en la Secretaría de la Unidad Penal N° 8, a cargo de los fiscales Silvio Corbeta Dinamarca y María Verónica Valdez, donde Vázquez, asistido por su abogado Pedro Pablo Peralta Iriarte, relató los hechos vinculados a la licitación de dicha obra pública, que inicialmente fue adjudicada en 2019 durante la administración del intendente Miguel Prieto Vallejos.
📌 Relato de los hechos
Según su testimonio, Vázquez fue contactado en 2019 por el entonces secretario privado del intendente, Víctor Lugo, y por Pedro Acuña, con quienes sostuvo negociaciones previas a la adjudicación. También menciona el nexo con la entonces jefa de Obras de la Municipalidad, Stefany Garcete, quien viajó con su pareja hasta Buenos Aires para reunirse con él y acordar detalles sobre la licitación. Según afirma, fue el equipo municipal quien “armó todo el legajo documental”, incluyendo contratos y especificaciones técnicas.
Asegura que, aunque su empresa inicialmente no fue adjudicada (salió en sexto lugar), terminó ganando la licitación gracias a la intervención de los mencionados funcionarios municipales. Como condición para asegurar la adjudicación, Stefany Garcete habría exigido USD 50.000 y que se adquirieran materiales exclusivamente de un depósito específico, condiciones a las que Vázquez no accedió. Tras desacuerdos, Garcete fue apartada del cargo.
💰 Coimas y cobros ilegales
Durante la ejecución de la obra, Vázquez afirma que entregaba el 10% de cada certificado de obra en efectivo a Lugo y Acuña, quienes lo esperaban afuera del Banco Continental cada vez que realizaba un cobro. “Apenas iniciamos la obra, ya me sacaron en total 1.200 millones de guaraníes, y después me cobraban el 10% de cada orden de pago”, denunció.
Además, aseguró que se le exigió Gs. 650 millones en concepto de “agradecimiento” por la adjudicación y Gs. 550 millones más para repartir entre concejales municipales, dinero que entregó directamente a Víctor Lugo.
⚠️ Amenazas, agresiones y presión para ceder el control
Vázquez relató que, tras la filtración de audios donde exponía estos hechos, fue víctima de intimidaciones físicas: desconocidos lo interceptaron en motocicleta, lo agredieron y lo llamaron por su nombre. Luego, fue convocado al despacho del intendente Miguel Prieto, quien –según el testimonio– lo insultó, empujó y lo maltrató verbal y físicamente, en una reunión donde le quitaron previamente el celular.
Tras estos hechos, dijo que fue obligado por la contadora municipal María Angélica Orúe, junto a Lugo y Acuña, a firmar un poder a favor del señor Horacio Daniel Fleitas Branda, para que este cobre en su nombre el resto del contrato. “Me obligaron a dar mi factura por el monto total, pero quien terminó cobrando fue Horacio Fleitas”, afirmó. Según estima, ese monto ronda los Gs. 1.100 millones, y hasta la fecha la Municipalidad le adeuda cerca de Gs. 1.900 millones en facturas pendientes.
⚖️ Acciones legales
Actualmente, el empresario se encuentra en proceso de recuperar el dinero que, según él, no pudo cobrar por los trabajos realizados. Con la asistencia legal del abogado Joel Maidana, revocó el poder otorgado a Horacio Fleitas y está gestionando el cobro de los fondos adeudados.
La declaración de Vázquez forma parte de la investigación abierta tras la denuncia presentada por el político y empresario Iván Airaldi, sobre presuntos hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal relacionados con la ejecución de obras públicas en Ciudad del Este.
Las declaraciones se suman a un escándalo que podría tener implicancias judiciales y políticas de gran magnitud, afectando a exautoridades municipales, funcionarios actuales y diversos actores involucrados en la gestión de la administración pública de la segunda ciudad más importante del país.
