La impugnación presentada por la Alianza Electoral Acuerdo Guaraní contra la candidatura de Hugo Hernán Ramírez, del partido Mboriahu Memby, a la Intendencia de Presidente Franco generó un fuerte cruce político entre ambos sectores, en medio del proceso electoral municipal.
Desde el entorno del candidato cuestionaron duramente la acción promovida por la alianza liderada por Paraguayo Cubas y afirmaron que Cruzada Nacional «cerró su ciclo» en el distrito, al considerar que la ciudadanía ya definió su postura frente a quienes, según sostienen, buscan frenar candidaturas mediante recursos legales en lugar de competir en las urnas.
Representantes del movimiento que respalda a Ramírez señalaron que la impugnación constituye un intento de obstaculizar una propuesta política que pretende consolidarse como una nueva alternativa para Presidente Franco.
«Este capítulo se terminó. Cruzada Nacional y Acuerdo Guaraní ya no tienen nada más que hacer aquí», expresaron referentes del sector al referirse a la presentación realizada ante la Justicia Electoral.
Las críticas estuvieron dirigidas principalmente contra Henry González, representante de Cruzada Nacional y de la Alianza Acuerdo Guaraní en Presidente Franco, a quien responsabilizan de haber impulsado la impugnación. Desde el equipo de Ramírez sostuvieron que quienes se presentan como una opción de cambio no deberían promover acciones contra otros sectores de la oposición.
Cuestionan requisito de residencia
La controversia se originó luego de que la Alianza Acuerdo Guaraní argumentara que Hugo Ramírez presuntamente no reúne el requisito de residencia establecido en la Ley Orgánica Municipal para postularse al cargo de intendente.
El candidato rechazó la acusación y aseguró que posee toda la documentación necesaria para demostrar su residencia en Presidente Franco, incluyendo certificados emitidos por organismos oficiales. Además, calificó la impugnación como una maniobra política orientada a impedir su participación en las elecciones.
Desde su equipo insistieron en que las diferencias deben resolverse en las urnas y no mediante recursos administrativos o judiciales, al tiempo de sostener que será el electorado quien decida qué proyectos políticos contarán con respaldo en los próximos comicios municipales.
