Agentes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público imputaron a tres funcionarios de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (Copaco), en el marco de una investigación por un presunto desvío de más de G. 1.100 millones de fondos institucionales hacia cuentas personales.
Según la Fiscalía, los hechos habrían sido ejecutados mediante un esquema que incluyó el acceso indebido a los sistemas informáticos y a las cuentas bancarias del ente estatal, con el objetivo de simular egresos a favor de la Municipalidad de Asunción. Estas operaciones aparentaban el pago de obligaciones municipales, cuando en realidad los fondos habrían sido redirigidos a cuentas particulares de funcionarios de Copaco y de terceros.
La imputación alcanza a Osmar Cañete Roa, quien se desempeñaba como gerente administrativo financiero, sindicado como presunto autor de los hechos de lesión de confianza, instigación a la alteración de datos y producción de documentos no auténticos. Asimismo, fue imputado Roque Damián Valdez Centurión, jefe del Departamento de Tesorería, como presunto cómplice del hecho de lesión de confianza, además de un funcionario del área de informática, señalado como presunto autor de alteración de datos relevantes en los sistemas contables.
La maniobra habría sido detectada a inicios de enero de 2026, tras identificarse registros contables que consignaban facturas municipales por montos significativamente superiores a los habituales, lo que motivó verificaciones internas. Posteriormente, se constató la eliminación y modificación de dichos registros, quedando evidencias en las pistas de auditoría del sistema, así como la presentación de documentos cuyos montos, numeración y cantidad no coincidían con los inicialmente registrados.
Ante estas irregularidades, la máxima autoridad de Copaco dispuso una auditoría interna, que permitió detectar transferencias bancarias realizadas entre los años 2023 y 2025 desde cuentas institucionales hacia cuentas personales, por un monto que supera los G. 1.100 millones.
La imputación fue presentada por un equipo designado por el fiscal general del Estado, integrado por las agentes fiscales Belinda Bobadilla y Laura Giacummo, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. Asimismo, se solicitó la aplicación de medidas cautelares, atendiendo la gravedad de los hechos investigados y los elementos de sospecha reunidos hasta el momento.
La investigación continúa en curso con el objetivo de determinar todas las responsabilidades penales y esclarecer el alcance total del presunto esquema de desvío de fondos públicos.
