Medios de prensa del Brasil dieron amplio destaque a una denuncia sobre un presunto esquema de cobro de coimas que involucraría a funcionarios de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Ciudad del Este, con el objetivo de favorecer el acceso al Puente de la Amistad a determinados sectores, como taxistas, furgones alternativos y otros vehículos considerados “privilegiados”.
De acuerdo con las publicaciones y numerosos comentarios en redes sociales del país vecino, los agentes de tránsito, conocidos popularmente como “zorros”, exigirían pagos irregulares, muchas veces a través de intermediarios o “secretarios”, para permitir el paso preferencial hacia la pasarela internacional sobre el río Paraná. Ciudadanos brasileños que viajan frecuentemente a Ciudad del Este coincidieron en señalar la existencia de este presunto esquema, tras la difusión del caso por la prensa.
Según las denuncias, quienes desean acceder rápidamente al Puente de la Amistad deben realizar pagos a los agentes, mientras que aquellos que no lo hacen son impedidos de circular, especialmente en la avenida Monseñor Rodríguez, que —siempre conforme a las acusaciones— habría quedado prácticamente restringida a los vehículos “autorizados”.
El punto más señalado sería la intersección de las avenidas Monseñor Rodríguez y Doctor María Argaña, a pocos metros del puente internacional, donde cualquier ciudadano puede observar el funcionamiento del supuesto sistema. Allí, mientras taxis y furgones alternativos avanzan sin inconvenientes, otros conductores son detenidos por los funcionarios municipales.
Estas situaciones habrían derivado en incidentes entre turistas, ciudadanos y agentes de tránsito, enfrentamientos que, según denuncian algunos sectores, luego son presentados como agresiones contra funcionarios, sin que se investigue a fondo el trasfondo del conflicto.
Las acusaciones también apuntan a que taxistas y furgones alternativos reunirían dinero de manera colectiva para entregarlo periódicamente a los funcionarios, y que una parte de lo recaudado llegaría a niveles superiores, según relataron exfuncionarios municipales con conocimiento del funcionamiento interno.
Hasta el momento, el intendente de Ciudad del Este, Dani Pereira Mujica, no se ha pronunciado públicamente sobre estas denuncias, lo que ha generado críticas y cuestionamientos tanto desde sectores locales como del vecino país.
Los denunciantes advierten que este presunto esquema no solo afecta la actividad comercial, sino que también daña la imagen de la ciudad, desalentando la llegada de turistas. El caso expone la necesidad de una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes para esclarecer los hechos y, en caso de confirmarse, sancionar a los responsables.
