Una requisa administrativa realizada en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero permitió descubrir la presencia de armas de fabricación casera, sustancias ilícitas, teléfonos celulares y bebidas alcohólicas, en el marco de la investigación por la desaparición de cinco pistolas pertenecientes al Estado paraguayo.
El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 16:00 del lunes 2 de febrero, cuando una comitiva fiscal-policial ingresó al penal, ubicado en el barrio Santa Ana, como parte de las diligencias impulsadas tras el escándalo generado por el faltante de armas de fuego oficiales.
La intervención se produjo horas después de la detención de cuatro agentes penitenciarios, sospechados de estar involucrados en la desaparición de las pistolas, hecho que encendió alertas sobre una posible red interna de corrupción y vínculos con estructuras criminales dentro del centro de reclusión.
Durante la requisa, los intervinientes realizaron una revisión exhaustiva de celdas y pabellones, incluyendo el pabellón A (alta y baja del PCC), pabellón D (alta y baja del Clan Rotela) y el pabellón Cristiano, avanzando de forma sistemática en busca de objetos prohibidos.
Como resultado del operativo, se incautaron varias armas punzantes de fabricación casera, presuntamente utilizadas para intimidación o enfrentamientos entre internos. Asimismo, se hallaron porciones de drogas, cuyo tipo y cantidad serán determinados en el curso de la investigación.
Fuentes investigativas indicaron que la requisa forma parte de una línea de investigación más amplia, orientada no solo a esclarecer el paradero de las cinco pistolas desaparecidas, sino también a identificar a los responsables del ingreso de objetos ilícitos al penal y posibles nexos entre funcionarios penitenciarios y grupos criminales.
El procedimiento fue ejecutado por agentes del Departamento de Investigaciones del Amambay, bajo la dirección del agente fiscal Andrés Cantaluppi y con la supervisión de autoridades penitenciarias. Todo lo incautado quedó a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para determinar responsabilidades penales y administrativas de internos y funcionarios.
