El fiscal Alcides Giménez Zorrilla presentó acusación contra cinco funcionarios penitenciarios por su presunta participación en la fuga de ocho internos de alta peligrosidad de la Penitenciaría de Minga Guazú. Los acusados enfrentan cargos por frustración de la persecución y ejecución penal, así como liberación de presos, previstos en los artículos 292 y 294 del Código Penal.
El hecho ocurrió el 26 de marzo de 2025, alrededor de las 20:00 horas, cuando los reclusos escaparon del Centro de Reinserción Social del km 20. Según la investigación fiscal, horas antes los internos habían sido trasladados desde el módulo de máxima seguridad hasta el sector denominado “soleado”, en abierta violación al protocolo de seguridad establecido por el Ministerio de Justicia.
De acuerdo con las imágenes de las cámaras de circuito cerrado, los funcionarios penitenciarios facilitaron el movimiento de los internos utilizando un grillete como candado y entregando previamente llaves genéricas para que pudieran abrir sin dificultad las celdas. Posteriormente, abandonaron la zona de vigilancia sin aplicar las medidas de seguridad correspondientes.
Los registros muestran que uno de los reclusos abrió su celda y liberó a los demás, logrando finalmente trepar la muralla, cortar el tejido de seguridad y descender con sábanas hasta el exterior del penal. El funcionario encargado de la cabina de monitoreo tampoco advirtió la fuga ni alertó oportunamente a las autoridades.
El fiscal Giménez, quien estaba de turno, se constituyó en el penal acompañado de la Policía Nacional, incautando los teléfonos celulares de los imputados y otros elementos de prueba. Además, se recogieron 16 testimonios de funcionarios que confirmaron la secuencia de los hechos y la omisión en el control de las cámaras de seguridad.
La Fiscalía sostiene que existen elementos de convicción suficientes —como las grabaciones de CCTV, las evidencias incautadas y las declaraciones testimoniales— para sustentar la acusación. En ese sentido, se solicitó al Juzgado Penal de Garantías N.º 3 la elevación de la causa a juicio oral y público, a fin de que los cinco acusados enfrenten proceso por los delitos imputados.
