mayo 11, 2026

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Contraloría detecta inconsistencias en empresas vinculadas a Mario Abdo y niega uso político de investigación

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El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República (CGR), Armindo Torres, negó que la institución esté siendo utilizada como un “garrote político” contra el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, luego de que salieran a luz hallazgos llamativos en un examen de correspondencia aplicado a las empresas Aldia S.A. y Createc S.A., ambas del rubro asfaltos y en las que el exmandatario figura como accionista mayoritario.

Torres explicó que la Contraloría actuó de oficio en el marco de sus funciones técnicas y remitió el informe al Ministerio Público para su análisis, sin que exista una denuncia previa. “Se dice que a la Contraloría se le utiliza como garrote político para perseguir a las personas, pero esto ni siquiera fue una denuncia, es un reporte, un informe técnico que pusimos a conocimiento del Ministerio Público para que se pueda profundizar”, afirmó en conferencia.

Irregularidades detectadas

Entre las inconsistencias más relevantes encontradas en el periodo 2020-2022, figura que el 90 % de las ganancias —equivalentes a G. 292.000 millones— fue destinado a reservas operativas, sin contar con documentación respaldatoria sobre el uso efectivo de esos fondos para los fines establecidos.

Además, en el ejercicio fiscal 2023, se identificó una inversión de G. 40.000 millones cuyo origen no fue debidamente justificado, lo que generó una nueva alerta entre los técnicos encargados del examen.

Otro punto llamativo para la Contraloría fue que el 66 % de los montos declarados como reservas estaba vinculado a deudores por ventas. Sin embargo, varios de esos supuestos deudores negaron tener obligaciones con las firmas auditadas.

Torres remarcó que, mientras no se acceda a toda la documentación respaldatoria, no se podrá concluir el examen técnico. “Si está todo justificado, entonces excelente. Pero por ahora, hay datos que deben ser verificados y aclarados”, sostuvo.

El informe fue remitido al Ministerio Público para su evaluación, en lo que podría ser la antesala de una investigación más profunda en torno a las actividades financieras de las empresas ligadas al líder del movimiento Fuerza Republicana.

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