Tras el contundente pedido de la Contraloría General de la República al Ministerio del Interior para intervenir las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, ha quedado al descubierto la profunda crisis institucional que atraviesan estos gobiernos locales. La solicitud se fundamenta en irregularidades administrativas comprobadas en las respectivas gestiones de Óscar “Nenecho” Rodríguez y Miguel Prieto, este último con más de 42 denuncias formales ante el Ministerio Público, en su mayoría sin avances significativos.
La reacción de ciertos sectores fue inmediata y predecible. Dirigentes liberales, funcionarios afines, planilleros y operadores políticos salieron al cruce denunciando supuestos actos de “terrorismo de Estado”, un término llamativamente nuevo que intenta desacreditar el accionar de los órganos contralores.
Este tipo de discurso es propio de los llamados “políticos de la era cibernética”, quienes, al ser cuestionados en sus manejos de la cosa pública, buscan victimizarse y blindarse mediáticamente.
Ojalá este proceso sirva como un escarmiento ejemplar para aquellos que han hecho de la política un atajo para el enriquecimiento personal, y no un servicio al pueblo. La intervención no debe verse como persecución, sino como una oportunidad para restaurar la transparencia y la legalidad en la administración municipal.
